A las 18.00 de este lunes, los jefes de bancada de Chile Vamos Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Undurraga (Evópoli) tenían contemplado realizar un encuentro telemático. La razón era abordar lo que será la arremetida opositora en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), luego de que el Partido Republicano anunciara que se encontraba estudiando una acusación constitucional en su contra.

Fue el domingo en la noche cuando la polémica estalló, después de que se supiera que el ministro le pidió la renuncia a la seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo (PPD). Según acusó la ahora exautoridad, entre otras razones, fue porque se negaba a votar proyectos con los que no estaba de acuerdo. Una versión que, en todo caso, en La Moneda descartaron y aseguraron que se debió a que no denunció oportunamente un caso de presunta violación en una residencia.

Los republicanos fueron los primeros en hablar de una acusación constitucional, y el domingo en la noche los diputados se volcaron a publicar en sus redes sociales que iban a reunir los antecedentes para estudiar un eventual libelo. Sin embargo, ya en la mañana de este lunes el jefe de bancada del Partido Republicano, José Carlos Meza, dijo que en realidad iban a recolectar las firmas para hacer una interpelación en contra de Jackson.

Y es que la acusación constitucional fue una medida que no se consultó a Chile Vamos, según dicen en la derecha. Y en republicanos necesitan de los votos de la UDI, RN y Evópoli para que el libelo pase al Senado. Los diputados de la oposición se enteraron por la prensa del anuncio de los parlamentarios, y varios dicen que derechamente no estaban de acuerdo con una acusación constitucional, pese a que públicamente indicaron que se encontraban “estudiando” cualquier alternativa.

Los motivos eran varios. Primero no se tiene certeza de una eventual infracción de las que contempla la Constitución para acusar a un secretario de Estado, y además que en Chile Vamos esperan acudir primero a la Contraloría General de la República y también al Ministerio Público para que se investigue y se determine alguna responsabilidad.

“Primero hay que verificar si eventualmente hay infracciones a las leyes y, en razón de eso, poder tomar la determinación de si hacer alguna acción. Mientras aquello no tenga suficiente verificación, es prematuro poder avanzar en esa vía. Sin perjuicio que, a medida que pasen los días, puede haber mayor cantidad de antecedentes que vayan delineando aquello. Nosotros vamos a evaluar la vía judicial y administrativa para que se investigue”, dijo Longton.

La interpelación, en tanto, es una idea que gusta pues algunos sienten que Jackson podría tropezarse dando explicaciones en el hemiciclo. Pese a ello, en Chile Vamos tampoco han confirmado esta idea, y son más bien los republicanos quienes se encuentran en búsqueda de las firmas para ello. Se necesitan 52 apoyos, por lo que deben contar con el respaldo del resto de los partidos de derecha.

Alessandri añadió que “desde la UDI estudiaremos todos los antecedentes en su mérito antes de tomar una determinación frente a un tema tan importante como una acusación constitucional. El Congreso tiene las facultades para acusar, pero no debemos evitar caer en un show político de dimes y diretes. Hay que ver si es necesario la acusación o bien, una comisión (investigadora) o interpelación”.

En tanto, Undurraga señaló que “hay que conversarlo con las diferentes bancadas. Desde luego estamos abiertos a estudiar lo propuesto por el Partido Republicano. Dependerá de cuáles son los motivos y argumentos para hacer una interpelación o acusación”.

Desde RN avanzaron un paso más allá y los diputados Sofía Cid, Andrés Celis y Miguel Mellado anunciaron que interpondrán una denuncia en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte aludiendo a la acusación de Hidalgo de supuestas presiones indebidas. “De confirmarse estas afirmaciones, estas actuaciones constituirían el ilícito de tráfico de influencias”, dice el texto de la denuncia.

Además, agrega que se le pide al fiscal “iniciar la investigación penal con el objeto de esclarecer los hechos que aquí se señalan y perseguir la responsabilidad penal de quienes resultaren responsables”, junto con solicitar diligencias como pedir testimonios del ministro Jackson, la titular de Interior, Carolina Tohá (PPD), la delegada de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales.

El titular de Desarrollo Social ha sido, desde que asumió, uno de los ministros a los que más ha apuntado la oposición, por ser uno de los ideólogos y fundadores del Frente Amplio, y también por ser muy cercano al Presidente Gabriel Boric. Desde que estaba como ministro de la Segpres en Chile Vamos lo cuestionaban y lo acusaron de no cumplir con la prescindencia del gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre. Por ese tema, incluso, ingresaron un requerimiento a la Contraloría.

Y, una vez que llegó a Desarrollo Social, continuaron los dardos en su contra. En noviembre, la UDI elaboró un documento en que lo acusaron de “no tener la capacidad de cumplir su rol”, argumentando hechos como que no acompañó a Boric a la gira presidencial en La Araucanía y que el plan “Buen Vivir” fuera trasladado desde Desarrollo Social a la Segpres.